De acuerdo a lo consignado en el informe N° 193, el tamaño del Estado (a nivel nacional, provincial y municipal) creció aproximadamente un 60% entre 2002 y 2011, explicado mayormente por el aumento en las transferencias corrientes al sector privado seguidas por el gasto en personal y en seguridad social.
El problema es que estos aumentos no vinieron solos, la presión fiscal alcanzó un nivel sin precedentes del 35% del PBI en 2011 (un 54% más que el año 2000) y se estima que para el cierre de 2012 alcanzaría un 42%.
No es un buen indicio que el aumento sideral del Estado venga determinado por gastos corrientes e improductivos. El aporte que hace el contribuyente para sostener a esta gran corporación pública es cada vez mayor y a su vez se recibe cada vez menos a cambio. La calidad de los servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad, el transporte, entre otros, es paupérrima y se deteriora progresivamente con el paso del tiempo ante la falta de inversiones.
La mayor presión tributaria no se corresponde con la necesidad de hacer una mayor inversión en infraestructura o mejorar los pobres servicios públicos del país, sino que va en línea con el objetivo de suficiencia, es decir, recaudar dinero para financiar las actividades (poco productivas) del gobierno.
Esta intervención progresiva asfixia al sector privado que tiene que destinar al estado una gran parte de sus ingresos, por ende, no es de extrañarse que tarde o temprano la marcha de la economía se termine deteniendo. La pregunta es: ¿Hasta qué punto el estado piensa avanzar sobre la economía real? Ya lo demostró Arthur Laffer con su archiconocida curva: los ingresos fiscales no siempre aumentan ante cada incremento en los impuestos, peor aún, corren el riesgo de disminuir una vez que se sobre pasa cierto nivel de presión impositiva. Una afirmación más que lógica, ya que nadie está dispuesto a brindar el total de los frutos de su esfuerzo al estado. En este punto no vale la pena engañarse, cada individuo sale a la calle a buscar su propia subsistencia y beneficio, no a mantener el estilo de vida de otros. Se puede afirmar sin lugar a dudas, que en ninguna parte del mundo la asfixia estatal surte los efectos deseados por el poder central, el problema es que se tiende a legalizar un sistema que persigue al que produce riqueza.
Volver del intervencionismo estatal desmesurado implicaría desinflar una corporación de tamaño mayúsculo que traería grandes costos sociales y políticos, pero profundizarlo es más peligroso aún, pues se dice, que es ahí donde comienzan las dictaduras.
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