Venezuela y los países que, como Bolivia, Ecuador o Nicaragua, están claramente dentro de su órbita de influencia política continúan desplegando activamente toda suerte de restricciones regulatorias a las libertades de información y expresión. Este camino tiene como objetivo final crear en cada uno de esos países una situación parecida a la de Cuba, que obra a la manera de "modelo" para todos ellos, donde esas libertades esenciales simplemente ya no existen desde hace rato. La agudización de las restricciones instrumentadas a partir de las llamadas "leyes de medios" es cada vez más evidente.
Venezuela acaba de crear un nuevo organismo dotado de facultades para monitorear toda la información, pudiendo declararla "reservada", de modo de limitar o impedir su circulación y difusión. Se trata de un instrumento de censura que ha sido creado a cara descubierta, pese a que sus pautas operativas conforman una violación clara a las normas internacionales. Nos referimos al Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria.
Pese a que esa iniciativa estaba en plena discusión parlamentaria, el organismo de censura fue creado repentinamente por decreto, designándose para conducirlo a un general de las milicias bolivarianas que estaba a cargo de las labores de inteligencia. Una muestra más del control militar que se está ejerciendo sobre Venezuela.
En paralelo, el cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, acaba de solicitar públicamente la cárcel para algunos periodistas del Diario 2001, simplemente por mencionar en la tapa que en Venezuela existe escasez de combustible. Según Maduro, eso es un delito imperdonable.
En Ecuador, donde el autoritario presidente, Rafael Correa, persigue implacable y abiertamente a todo medio o periodista que disienta de sus opiniones, se acaba de designar a Carlos Ochoa, un periodista afín al gobierno y ex director de Noticias de GamaTV, como superintendente de Información con facultades expresas de sancionar autónomamente a los medios y a los periodistas. Sanciones que incluyen no sólo la posibilidad de imponer duras multas, sino la facultad de obligar a rectificar y también a pedir disculpas.
Estamos ante un instrumento de censura indirecta con capacidad de transformarse rápidamente en uno de censura directa. La sorpresiva designación coincide con la promoción de una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la ley de comunicación ecuatoriana que impugna la norma mencionada por violar la Constitución de Ecuador, los tratados internacionales de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas a la libertad de pensamiento, de expresión, de comunicación y de información.
Desde el autoritarismo se está asfixiando sistemáticamente a los medios independientes por la vía normativa, y esto ocurre en todo el ámbito bolivariano y en el de sus compañeros de ruta, es decir, aquellos gobiernos que, sin admitir abiertamente su pertenencia a la ideología autoritaria, están adoptando conductas claramente afines.
Este lamentable proceso fue objeto de gran preocupación en la 69° asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa que se lleva a cabo actualmente en Denver, Estados Undos. Allí, Ricardo Trotti sostuvo que en nuestro país el Gobierno avanza en el control de medios privados. "Lo mismo ocurre en Ecuador, Nicaragua y Venezuela", sostuvo, al tiempo que alertó sobre la existencia, en esos países, de un creciente discurso "antimedios".
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