La política educacional debe apuntar a una nueva escuela que asegure calidad en el aprendizaje para todos. Sin una buena escuela pública, no habrá movilidad social y consolidaremos la exclusión social. El principio básico de la justicia social, como sostiene Norberto Bobbio, es la vigencia de la igualdad de oportunidades, más allá de las circunstancias de origen económico, étnico, social o de género. Desigualdad y pobreza hacen que sean muchos los que quedarán marginados de los procesos educativos que deberían incorporarlos al nuevo mundo tecnológico. Esos muchos son los más pobres, hijos de pobres que, a su vez, tendrán también hijos pobres condenados así a la reproducción intergeneracional de la pobreza. Será difícil el crecimiento económico de nuestro país cuando, desde el comienzo, con esta gran desigualdad se derrocha el principal activo en la era de las nuevas tecnologías: el capital humano.
En esta fase histórica de la globalización es crucial la capacidad de las personas para adquirir, procesar y aplicar conocimientos en un mundo laboral con acelerada transformación de las destrezas. El escenario del trabajo se replantea de manera permanente, ya que para mantener la competitividad no alcanza con la especialización en los conocimientos presentes, sino que es imprescindible la adaptación a una frontera tecnológica en rápida transformación.
Es grave el peligro de una segmentación social entre quienes se incorporan capacitados a la nueva sociedad tecnológicamente avanzada, por un lado, y quienes, por el otro, quedan excluidos y, por lo tanto, marginados de los beneficios del incremento global de la productividad. Esta segmentación laboral amplía la brecha de remuneraciones entre personal calificado y no calificado.
Desde hace 20 años, el Ministerio de Educación realiza Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) para determinar el nivel de conocimientos de los alumnos primarios y secundarios. Año tras año estos relevamientos ponen en evidencia la ausencia de igualdad de oportunidades. Los resultados siempre indican valores superiores para las escuelas privadas urbanas, que superan los puntajes de las escuelas estatales urbanas, mientras que ambas superan siempre a las escuelas rurales.
Por ejemplo, los resultados del ONE de 2007 exhiben grandes desigualdades en el nivel de conocimientos de matemática de los alumnos del último año secundario. El promedio nacional indica que 44,7% de estos alumnos exhibía un nivel bajo de conocimientos. Pero, mientras apenas 16,9% de los alumnos de escuelas privadas de La Pampa estaban en ese nivel bajo, el 80,7% de los alumnos de las escuelas estatales de Catamarca se ubicaban en el mismo preocupante nivel.
Las desigualdades regionales son altas, ya que en el NOA y el NEA más del 70% de los alumnos secundarios de escuelas estatales exhiben un nivel bajo. El área metropolitana también nos muestra lo lejos que estamos de la igualdad de oportunidades. Mientras el 22,5% de los alumnos de escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires registra un nivel bajo, a pocos kilómetros, más del doble de los alumnos de escuelas estatales del conurbano se ubican en ese escalón, que abarca al 54,7% del total.
Durante 2010 tuvo lugar el Censo de Finalización de la Escuela Secundaria. En la prueba de matemática, la CABA ocupa el primer lugar, seguida por Río Negro y La Pampa. En tanto, nueve provincias del NOA y del NEA se hallan en los últimos lugares. No se registran diferencias entre escuelas privadas y estatales, y no porque hayan desaparecido, sino porque ahora el Censo las sustrae del conocimiento público.
Así, se está impidiendo tener una visión más precisa del mapa no sólo provincial, sino también por tipo de gestión escolar, del nivel de conocimientos de los niños y adolescentes que acuden a las escuelas primarias y secundarias. La información sobre la educación es un bien público y, por lo tanto, debe ser puesta a disposición de la sociedad de la manera más transparente.
Las restricciones impuestas al acceso a la información sobre educación son extrañas en el resto del mundo, ya que nuestra ley de educación nacional no permite difundir los resultados por escuela. Tal prohibición perturba la posibilidad del mejoramiento de la calidad educativa.
Tan poco razonable es esa prohibición que la mayoría de las naciones transita por el sendero opuesto, utilizando los datos por escuela para identificar sus deficiencias y poder así superarlas. Por ejemplo, desde 2007, en Brasil, se elabora y publica un índice de desarrollo de la educación básica (IDEB ) de cada escuela. El año último se publicaron los resultados de cada una de las 40.400 escuelas primarias, verificándose así el avance de cada una hacia las metas superadoras fijadas para 2022. La meta en Brasil es alcanzar ese año el mismo nivel de conocimientos de los niños de los países más desarrollados.
El IDEB se utiliza para procurar que todas las escuelas avancen según las metas trazadas. Cualquier padre en Brasil puede ingresar por Internet en esta información. Lo mismo ocurre en otros países, como Colombia, Chile y México. La información sobre la situación de cada establecimiento escolar no es un instrumento de "estigmatización" como supone infundadamente nuestra ley, sino todo lo contrario. Permite diseñar iniciativas concretas y eficaces para mejorar la situación de las escuelas con problemas. La evaluación por escuela es un instrumento para implementar medidas efectivas a fin de mejorarlas, no para tener un simple ranking de los primeros y los últimos.
Nuestros niños sin acceso a una educación de calidad no se encuentran estigmatizados porque se reconozca esta preocupante realidad, sino porque les estamos cerrando las puertas hacia un futuro mejor.
Por Alieto Guadagni para el diario La Nación
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